El procedimiento judicial tuvo lugar en instalaciones del Hospital San Roque de la ciudad de Villa Elisa (Departamento Colón), en horas de la mañana del miércoles. Ocurrió dos días después de que el escándalo estallara públicamente y a casi una semana de presentada la denuncia, fechada el jueves 27 de mayo de 2021.
Ante la consulta de El Entre Ríos, la fiscal auxiliar que se encuentra a cargo de la causa, María Noelia Batto, ratificó su presencia en el nosocomio desde donde presuntamente se llamaba a familiares de pacientes con Covid-19, a fin de pedirles “colaboración” para solventar el oxígeno de quienes se encontraban internados.
“Efectivamente, en el día de la fecha nos hicimos presentes, conjuntamente con el Dr. (Juan Sebastián) Blanc, en el hospital de Villa Elisa, donde se constató la existencia de documentación de interés probatorio y se recabaron datos relacionados con el funcionamiento de la administración del nosocomio”.
Hasta el momento, se desconoce si tal procedimiento tuvo carácter de allanamiento o requisa sobre la administración del hospital, como así también si esa “constatación” de documentos significó o no el secuestro de los mismos. Desde la dependencia policial elisense, en tanto, afirmaron no haber tomado intervención en el caso y aclararon que la presencia de un patrullero en el estacionamiento del lugar se debió a otra cuestión.
Además, “se mantuvo entrevistas con autoridades del hospital, a los fines de obtener datos de interés para la investigación”, dio a conocer la fiscal Batto, en otro tramo de su informe de prensa.
Desde el lunes, quien ocupa la dirección del establecimiento sanitario es el médico colonense Nahuel Federico Martí, que ingresó en reemplazo de la médica pediatra Graciela Ingold. Entretanto, la administradora del hospital sigue siendo Claudia Lugrín, única acusada de efectuar cobros irregulares a familiares de pacientes internados.
Por otra parte, “fueron citados los denunciantes para prestar declaración en los próximos días”, adelantó María Noelia Batto. En el caso de las dos profesionales de la salud que firman la denuncia, Sandra Giovenale (jefa de Enfermería) y Analía Fernández (encargada del hogar de ancianos), fueron convocadas ayer para hacer declaraciones el miércoles de la próxima semana. La restante, la abogada Clarisa Marano Roude -hija de un paciente internado con Covid-, fue citada hoy para presentarse este mismo viernes en los tribunales de Colón.
